Benvolguts,
Us encapçalo l’apunt amb la biografia de l’autor,
ja que ens pot dir molt sobre la seva manera de pensar i escriure.
La mentira de los fondos privados
de pensiones
Juan Francisco Martín Seco en República de las
ideas
el 20 julio, 2013 en Derechos, Economía, Libertades, Política, Sociedad
De Viquipèdia
Juan Francisco Martín Seco (Madrid, 5 de gener
de 1944) és un
economista espanyol.
Biografia:
Es llicencià en Ciències
Econòmiques, Filosofia i Lletres i Graduat Social. Posteriorment es diplomà en
Política Econòmica i Anàlisi Monetària pel Fons Monetari Internacional. Va obtenir
per oposició plaça del Cos d'Inspector de Finances de l'Estat, alhora que ha
estat professor d'introducció a l'economia a la facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials de la Universitat Complutense de Madrid
i d'Hisenda pública a la Universitat Autònoma de Madrid.
Ha militat en el PSOE, formant part del
corrent crític Democràcia Socialista
dirigit per Ricardo García Damborenea. Entre 1971 i
1978 va treballar com a tècnic en el Servei d'Estudis del Banc
d'Espanya i, de gener a juny de 1979, va ser inspector d'Entitats de Crèdit
i Estalvi d'aquesta mateixa entitat.[1]
De 1979 a 1982 fou Director de Programes de la Sotssecretaria General d'Estudis
Econòmics del Sector Públic del Ministeri d'Hisenda d'Espanya. De
1982 a 1984 fou Interventor General de l'Administració de l'Estat, i de 1984 a
1987 Secretari d'Estat d'Hisenda. El febrer de 1987 deixà el càrrec per discrepàncies amb el
govern de Felipe González.
De 1987 a gener de 1990 fou
president de la societat Minas de Almadén y
Arrayanes, S.A, empresa de l'antic INI. Partidari d'investigar a fons el Cas Juan Guerra i de crear una
comissió que investigués el tràfic d'influències, el 28 d'abril de 1990
abandonà el PSOE com a protesta per la suspensió de militància de García
Damborenea. El 1990 fou nomenat interventor delegat al Ministeri de Cultura d'Espanya, càrrec del que en
fou cessat el 22 de febrer de 1991 pel ministre Jorge Semprún Maura
per signar un manifest contra la Guerra del Golf Pèrsic,
a la qual cosa va respondre amb un recurs davant el Tribunal Suprem
d'Espanya i acusant al Ministre de desviació
de poder.[2] Al novembre de 1996 va ser
membre del Tribunal
Internacional per Crims Contra la Humanitat Comesos pel Consell de Seguretat de
Nacions Unides a l'Iraq, iniciativa cívica d'intel·lectuals
i professionals del Dret contraris a l'embargament a aquest país.[3]
També forma part del Consell
editorial del diari El Mundo el 1989, on ha col·laborat habitualment fins el
2001.[4]
OPINIÓN
Si el sistema público de pensiones es objeto de
toda clase de ofensivas se debe en parte a que las entidades financieras lo han
considerado siempre un obstáculo para expandir un negocio para ellas muy
lucrativo, los
llamados “fondos privados de pensiones”. Llamados, sí,
porque de pensiones tienen muy poco, por lo menos tal como se plantean en
España, en donde ni siquiera las posturas más radicales los contemplan como una alternativa
global al sistema público. La sustitución de un sistema por otro
comportaría numerosos e insolubles problemas, entre otros elevar el déficit público en al
menos 10 puntos.
En España, los fondos privados se conciben como
complementarios de las pensiones públicas. Tras lanzar el infundio de que estas deben
disminuirse para hacerlas viables, y ante la dura perspectiva que se ofrece con una prestación
pública reducida en su mayoría a un nivel de miseria, la única
solución que se propone es que cada trabajador durante su vida laboral ahorre para la
vejez, pues no otra cosa son los fondos de pensiones, una forma de
ahorro, y por cierto, no de las mejores. Incluso diríamos que de las peores
para el ahorrador, dado que su rentabilidad, si existe, irá a parar a las
entidades financieras en forma de comisiones, ya sean de gestión o de depósito.
El ahorrador
perderá la disposición de sus recursos, puesto que serán las gestoras
dependientes de las entidades financieras las que decidirán sobre las
inversiones y nadie garantiza que opten por lo mejor para los partícipes, más
bien lo probable será lo contrario, que actúen de acuerdo con los intereses financieros
de los grupos a los que pertenecen.
El único aliciente con el que han contado los
fondos de pensiones es la desgravación fiscal en el IRPF. El beneficio,
no obstante, no es tan grande como podría parecer a primera vista. Si bien las
aportaciones se deducen de la base imponible del impuesto, cuando se rescata
parcial o totalmente el fondo, la cantidad correspondiente se debe incluir en
la base imponible de ese ejercicio. Desde esta óptica, el beneficio fiscal
consiste tan solo en posponer el momento en que se hace efectivo el gravamen.
La única ventaja hipotética radica, pues, en que el tipo marginal del impuesto
pudiera ser menor en el momento de la jubilación que durante la vida activa.
Hasta el 31 de diciembre de 2006, fecha en la que
se modificó la normativa, contaban con otro aliciente. Llegada la jubilación,
el fondo se podía rescatar de una sola vez, y su tratamiento como renta
irregular comportaba que la incorporación a la base imponible se limitaba al 60
% de su cuantía. Esta ventaja desaparece para las nuevas aportaciones que se
realicen a partir de la fecha en que se modifica la normativa. Si hasta ese
momento era muy dudosa la conveniencia de realizar aportaciones a los fondos
privados, a partir de entonces parece evidente que únicamente la ignorancia y
el desconocimiento pueden conducir a que se quiera invertir en esta modalidad.
En todo caso, lo que resulta innegable es que los
fondos de pensiones dejarían de existir en el caso de que desapareciese la
desgravación fiscal, tal como se encargaron de argumentar sus propios
defensores cuando en el año 2006 cundió el rumor de que iban a suprimir la
desgravación, pero ¿cuál es la razón de ser de un producto
financiero que nadie, ni ricos ni pobres, estarían dispuestos a demandar sin
beneficios fiscales? ¿Y por qué incentivar una forma de ahorro
frente a otra? Resulta curioso que los defensores a ultranza del liberalismo
económico, quieran imponer a los trabajadores el destino de sus ahorros.
El único motivo para
mantener la desgravación, y por tanto la existencia de los fondos, es la de
beneficiar a las entidades financieras concediéndoles un negocio seguro,
rentable y que además les dota de un enorme poder económico: el que les
confiere manejar a su antojo una ingente cantidad de recursos cautivos. Lo que
son perjuicios
para los ahorradores constituyen ventajas para las entidades financieras.
Resulta enormemente paradójico que sean los propios ahorros de los
trabajadores, materializados en los fondos de pensiones -especialmente los de
aquellos países en que las pensiones públicas están externalizadas-, manejados
por las entidades financieras y a través de los mercados, los que presionen
para desarmar el Estado social e imponer las condiciones económicas más
regresivas.
Ofrecer como solución a la contingencia de vejez
el ahorro que cada trabajador haya podido acumular a lo largo de su existencia
es condenar a la pobreza a la mayoría de la sociedad al final de su vida
laboral. Es bien sabido que el 60 % de la población no puede ahorrar nada (no
llega a final de mes) y otro 30 % lo hace en unos niveles tan reducidos que
difícilmente esos recursos servirán para solucionar nada en la vejez. Si lo que
proyectamos es una especie de eutanasia colectiva, si vivimos en una sociedad
que no quiere mantener a sus mayores, digámoslo claramente, pero no engañemos
al personal con los fondos de pensiones.
Juan
Francisco Martín Seco
Joan
A. Forès
Reflexions
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